
Chile vive un momento crítico respecto a la confianza en sus instituciones. Los recientes escándalos sobre funcionarios públicos que viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica no solo han generado indignación ciudadana, sino que también han puesto en jaque la imagen y credibilidad del aparato estatal. Más del 90% de los chilenos, según encuestas recientes, cree que estos empleados deben ser desvinculados. Esta señal no puede ser ignorada. Es una llamada urgente a actuar con responsabilidad, rigor y profesionalismo.
Frente a esto, la capacitación de los funcionarios públicos en materias como los sumarios administrativos deja de ser una formalidad para convertirse en una herramienta vital. No se trata solo de aprender normas o procedimientos, sino de comprender el rol ético que implica ser parte del servicio público. Un trabajador bien capacitado entiende que cada acto, cada decisión y cada omisión tiene un impacto en la fe pública. La formación no solo entrega conocimientos, también forja criterios, despierta conciencia y fortalece la integridad.
Capacitar en sumarios administrativos, específicamente, significa dotar a los equipos de herramientas concretas para actuar frente a conductas irregulares con eficiencia y justicia. Significa que quienes lideran estas investigaciones internas pueden hacerlo con claridad normativa, pero también con altura de miras. No basta con sancionar; es necesario prevenir, y esa prevención parte por una cultura organizacional que no tolere la negligencia ni el abuso de confianza.
Hoy más que nunca, Chile necesita servidores públicos que sepan distinguir entre el privilegio y el deber. Una buena capacitación no solo mejora el desempeño: protege a los funcionarios honestos, resguarda los recursos del Estado y restituye la confianza de la ciudadanía. No podemos permitir que la falta de formación sea excusa para la impunidad o la injusticia. Una administración sólida se construye desde la raíz: y esa raíz es el conocimiento. La capacitación no es un gasto, es la inversión más potente que un Estado puede hacer por su gente.